¿Cuál es la realidad del Poder Judicial?

Contrapunto

Miguel Ángel Gómez Ruiz

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez debe sentirse de algún modo, frustrado, pues no sólo su administración ha sido equis, sino que no todo lo que dictamina le ha salido bien y para dar un ejemplo está el Poder Judicial.

En 2019 se equivocó terriblemente, aconsejado por sus escuderos Eric Cisneros y Juan Gómez Cazarín, dispuso que la presidente del Poder Judicial fuera Sofía Martínez Huerta, para quedarse en lugar de Edel Álvarez Peña.

La medida era atrevida, pues no sólo le costó varios millones de pesos para convencer a cinco magistrados para que la eligieran, sino que colocó a una persona que sólo fue secretaria de un juzgado municipal por 30 años, con una trayectoria gris y sin preparación alguna.

Después del desastre que generó en el Poder Judicial, determinó que ella –Sofía Martínez- debía salir por la puerta de atrás y para ello colocó a una mujer que ya estaba retirada, Isabel Inés Romero Cruz, que en algún momento como trabajadora común y corriente en el Poder Judicial estuvo a punto de ir a la cárcel por ocultar un amparo de un preso. Fue descubierta por la entonces magistrada Teresita Santés y ésta la despidió, sin embargo, así lo cuentan, fue a arrodillarse a los pies de Julio Patiño, presidente del Tribunal en ese entonces, y éste para evitar problemas, la envió a un juzgado lejano.

Dos errores del mandatario, que se ha distinguido por no respetar la autonomía de ese poder. ¿Qué le dejó todo esto? Aquí una lista:

Contratación de decenas de personas ajenas al trabajo judicial.
Nombramiento de jueces sin carrera judicial y sin la debida preparación.
Desaparición de recursos del Fondo de Mejoramiento para la Infraestructura.
Gasto excesivo que generó un déficit de 500 millones de pesos, por ello la actual crisis financiera.
Nombramiento de 22 personas como magistrados, casi todos sin carrera judicial o merecimiento alguno. Entre ellas su comadre, Aileth García Cayetano.
Una grave crisis de salud por la epidemia de covid-19 que propició la muerte de trabajadores, abogados, jueces y justiciables.
Severo retraso en la aplicación de justicia, pues ni siquiera se ha implementado la justicia digital.
Inconformidad por la orden que dictó de reducir los salarios de magistrados.
Cierre de juzgados en distintas zonas de la entidad, lo que provocará que aumente el rezago.

Y hay muchas cosas más. El Poder Judicial de Veracruz estaría entre los peores del país, con decenas de miles de casos sin resolver y no se ve por dónde mejore la situación.

Más grave es el hecho de que tienen una presidente que reconoce que de administración no sabe nada y que, eso sí, está dispuesta a aprender. El único inconveniente es que mientras más pase el tiempo tendrá más responsabilidad de todo lo que pase allí y sus últimos días podría pasarlos en prisión.

El miércoles, surgió el rumor que pronto podría ser removida del cargo. Sería destituida o bien, le obligarían a renunciar, para dejar su lugar al magistrado Enrique Martínez Vázquez. Sí, otro cuate del gobernador que ha sido el más osado de todos al asegurar que no hay crisis financiera en el Poder Judicial, sino que todo se debe a las adecuaciones que se realizan para que haya austeridad y un mejor manejo de los recursos.

Para enterarlo, hay que decirle que todo el desorden que hay en el Poder Judicial lo propiciaron su amigo el gobernador Cuitláhuac García; los diputados de Morena que aprueban todo a ciegas en el Congreso local y los propios magistrados de Morena, entre ellos él, que no dan una allí dentro.

El Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura resurgirán cuando se haga a un lado todas las manos apestosas que han intervenido para reducirle poder y recursos. Porque algo es cierto, puede que no haya experiencia para el manejo de recursos económicos, pero también es verdad que se contempló un presupuesto de más de 2 mil 200 millones y a la hora de la hora los diputados sólo autorizaron 1 mil 604 millones. A poco más de la mitad del año ya no hay dinero.

Del mismo modo, ante tanto problema generado por las ciudades judiciales, hubiera sido preferible que continuarán con el manejo de los juzgados, dejándolos más cerca de los justiciables. Hubieran ahorrado dinero y se habrían evitado mil problemas.

Ahora, la corrupción generada por la construcción de tales ciudades judiciales, generó gastos excesivos y ahora nadie sabe en dónde está el dinero del Fondo de Mejoramiento. Así las cosas.

Y alguien por allí dijo una frase que podría convertirse en una realidad: “Les reducirán los salarios, pero eso generará más corrupción”. Eso preocupa, porque a través de la historia ha habido muchos casos. Había magistrados que seguían litigando o manejando sus despachos. Afortunadamente, varios magistrados de Morena no pasarán por eso, quizá ni abogados son, mucho menos tenían despachos, pero eso también genera dudas y hasta miedo. ¿Quién podría confiar, por ejemplo, en Aileth García, la comadre, para resolver asuntos legales tan complejos? Sólo alguien tan osado como el gobernador, se atrevió a recomendar a personas así.