Crisis financiera del Poder Judicial afectaría nómina y pago a proveedores.

Redacción

Xalapa, Ver., 14 de julio 2021.- Si la crisis económica que vive el Poder Judicial del estado persiste en los próximos meses, no sólo habrá problemas para cubrir las nóminas, sino que se dejará de pagar a proveedores, según trascendió este día.

La magistrada Concepción Flores Saviaga informó que poco más de 150 personas fueron contratadas en el corto lapso que lleva al frente la presidente Isabel Inés Romero Cruz y que generan un gasto superior a los dos millones de pesos.

No sólo eso, de acuerdo a la propia Isabel Inés Romero Cruz no se sabe el destino de por lo menos 500 millones de pesos. De por sí, el Poder Judicial opera este año con un presupuesto de apenas mil 604 millones de pesos, cuando se contemplaba que durante 2021 ejerciera por lo menos 2 mil 200 millones de pesos.

Sin embargo, no se ha practicado una auditoría a conciencia para determinar el daño patrimonial, siquiera para saber en dónde están los recursos.

Flores Saviaga responsabilizó del mal manejo de los recursos a la directora de Administración del Poder Judicial, Joana Marlem Bautista Flores, tras indicar que fue colocada allí tras ocupar el cargo de secretaria particular de Eleazar Guerrero, pariente del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Indicó que ella es responsable del desorden administrativo por su falta de experiencia, pues no sólo no ha aclarado en qué ha gastado el dinero, sino que colocó, dijo, a más de 150 personas que representan una erogación mensual de más de dos millones de pesos.

Es tal la gravedad del tema financiero, que ya corren rumores que los empleados no cobrarán a tiempo sus quincenas, pues Isabel Inés Romero Cruz comentó que andaba a la búsqueda de apoyo estatal para captar recursos.

Inclusive, el domingo presentó un documento en el que ordenaba una reducción del 30 por ciento de salarios y prestaciones de magistrados y altos ejecutivos del Poder Judicial.

Todo ello, a petición del gobernador Cuitláhuac García, quien no ha respetado a un poder distinto al suyo.

Del mismo modo, hay denuncias de magistrados de más antigüedad de que se vació el Fondo de Mejoramiento a la Infraestructura, pues no aparecen más de 600 millones de pesos.

Abogados de varias partes del estado comentan que, por la intervención de gobierno del estado y los diputados locales de Morena, bajo el mando de Juan Javier Gómez Cazarín, los recursos podrían haberse destinado a áreas ajenas al Poder Judicial o bien, a las campañas políticas.

Con graves retrasos, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) apenas auditó el año 2019, cuando aún estaba al frente Edel Álvarez Peña y se detectó que la Secretaría de Finanzas y Planeación, ya en la administración de Cuitláhuac García, no destinó más de 300 millones de pesos ese año, dinero que tampoco se sabe en dónde está.

Isabel Inés Romero Cruz, que es presidente desde noviembre del año pasado, no presentó ninguna controversia constitucional tras ser enterada que no recibirían más de 600 millones de pesos por disposición de los diputados de Morena en 2021.

Además, Concepción Flores Saviaga reconoce que no todos los magistrados ganan el mismo salario y cree que los que recién ingresaron, la mayoría sin experiencia ni carrera judicial, han dispuesto de una gran cantidad de recursos y no previeron que el Poder Judicial entraría en una crisis económica.

Por ello es necesaria la auditoría, para deslindar responsabilidades y actuar –inclusive- por la vía penal contra los que robaron ese recurso.

Por lo pronto, quienes entran en sospechas, son Joana Marlem Bautista Flores y el subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero, pues colocaron a gente sin preparación en ese poder.

Cuentas claras

Abogados de esta capital, confían en que magistrados y jueces exijan claridad en el manejo de los recursos y que se actúe contra quienes han robado el recurso del Poder Judicial.

Lamentan que en menos de dos años, el Poder Judicial haya entrado en una crisis de la que no podrá salir tan fácil, principalmente por la intromisión de gobierno del estado y los diputados locales.