Señalada por presuntas irregularidades en contrato del INE, nombran a Karla Sandoval encargada del SPEN

La designación de Karla Sofía Sandoval Domínguez como nueva encargada del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del Instituto Nacional Electoral (INE) ocurre mientras enfrenta un procedimiento de responsabilidad administrativa por presuntas irregularidades en la contratación del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).
De acuerdo con un expediente de 135 páginas, el pasado 3 de noviembre el Órgano Interno de Control (OIC) del INE determinó iniciar un procedimiento por posibles faltas administrativas graves contra Sandoval Domínguez y otros tres exfuncionarios del Instituto. La funcionaria deberá comparecer ante la Contraloría Interna el próximo 26 de noviembre.
El caso está relacionado con la contratación del Ceneval para aplicar el examen de ingreso destinado a cubrir 300 plazas del Servicio Profesional Electoral, mediante un contrato por 22 millones 371 mil 350 pesos.
Según los señalamientos contenidos en el expediente, la contratación se habría realizado de manera directa, sin un procedimiento de licitación ni un estudio de mercado que permitiera comparar las condiciones ofrecidas por otros proveedores.
Sandoval Domínguez, quien se desempeñaba como directora de la Carrera Profesional Electoral, habría intervenido en la administración del contrato y justificado la contratación del Ceneval por tratarse de un servicio especializado.
El documento sostiene que, al otorgar su visto bueno y firmar el dictamen correspondiente, habría permitido una contratación sin garantizar que se obtuvieran las mejores condiciones para el Instituto, conforme a los principios establecidos en el artículo 134 constitucional.
En el procedimiento también aparecen señalados el exadministrador Jesús Octavio García González; el exdirector del Servicio Profesional Electoral Nacional, Jorge Egren Moreno Troncoso, y el exdirector de Recursos Materiales, Mario Alfonso Burciaga, a quienes se atribuye un presunto abuso de funciones.
Las irregularidades señaladas están relacionadas con el examen que debía aplicarse en línea durante mayo. Sin embargo, la plataforma presentó fallas técnicas que impidieron el desarrollo normal de la evaluación, afectando a 17 mil 291 aspirantes.
Ante el problema, el INE tuvo que trasladar la aplicación del examen a una modalidad presencial y destinar recursos adicionales para corregir las deficiencias del servicio contratado.
El expediente advierte que existen indicios de que el proveedor habría estado previamente identificado como destinatario de la contratación, situación que forma parte de las investigaciones administrativas.
Asimismo, fuentes del Instituto señalaron que este asunto podría estar relacionado con alguna de las seis denuncias que el INE habría presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El caso se conoce en un contexto de cuestionamientos a la conducción y credibilidad del organismo electoral. En ese escenario, exconsejeros electorales han solicitado al Congreso acelerar el nombramiento de una nueva presidencia del INE mediante acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, privilegiando criterios de capacidad, experiencia y confianza institucional.
Por ahora, el procedimiento contra Sandoval Domínguez y los otros exfuncionarios deberá continuar conforme a las etapas legales correspondientes, sin que la apertura de la investigación implique por sí misma una resolución definitiva sobre su responsabilidad.





