El Poder Judicial de Veracruz, un basurero

Miguel Ángel Gómez Ruiz

Basta observar la situación tan delicada que vive el Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) para entender que si no se hace algo pronto, quedará abandonado, saqueado, sin remedio.

Por lo pronto, les llegó una mala noticia, una más y que demuestra que sus nuevos magistrados en su mayoría desconocen la ley. Con la finalidad de acabar con las supuestas confusiones que existen en el Poder Judicial de Veracruz sobre la sentencia en la que se restituye en el cargo al magistrado Roberto Dorantes, un juez federal ordenó dejar sin efecto los actos que lo impidan, entre ellos el nombramiento de Lisbeth Jiménez. El juez del decimoséptimo distrito ordenó al Congreso local dejar sin efecto el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 7 de julio de 2020, que resolvió de manera ilegal cubrir la vacante de la magistratura de Roberto Dorantes.

Del mismo modo, el juez ordenó restituir de inmediato al magistrado Dorantes, dejar sin efecto la resolución del 30 de julio del año pasado en donde se nombraba a Lisbeth Jiménez Aguirre como magistrada.

Recordemos que ella era juez en la zona norte y se puso de moda al dictar prisión preventiva a dos empresarios que denunciaron actos de corrupción de la titular de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara, entre ellos un soborno de 2 millones de pesos.

Ahora, hay un plazo de tres días para restituir al magistrado Roberto Dorantes Romero, para que cumpla con su encargo hasta el año 2025.

Con esta derrota, tanto el Poder Judicial como el Congreso de Veracruz han sido vapuleados por autoridades federales en 28 juicios. Siempre han perdido y seguirán perdiendo porque no pueden manejar la justicia a su antojo.

Cómplices

No sólo se ha entrometido el gobernador Cuitláhuac García en el Poder Judicial, sino también el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín que anda derrochando recursos de los veracruzanos en la zona de Los Tuxtlas y en Hueyapan de Ocampo, obstinado en imponer a su padre como alcalde del lugar.

A la vez, también se entrometió Eric Cisneros, que mantiene una relación de amasiato con Carla Rodríguez, la exrepresentante del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y que está a la espera de la destitución de Sofía Martínez Huerta, para que la nombren magistrada y a la vez, presidente del Poder Judicial.

Hay otros que han sido impuestos allí, entre ellos Humberto Hernández Reducindo, un pelagatos que respondía en el Congreso a las órdenes de Gómez Cazarín y del panista Sergio Hernández. A la vez, Joana Marlen Bautista también se siente la dueña del lugar y todo porque es la amante de Gómez Cazarín.

El caso es que en el Poder Judicial siguen entrando personas que nada tienen que ver con la justicia. No es gente preparada. Son magistrados porque el gobernador y sus líderes, Gómez Cazarín y Cisneros, los recomiendan, pero estos en su vida ganaron experiencia judicial.

También están los casos de algunas juezas que trabajan para los intereses de la presidente del PJEV, Isabel Inés Romero Cruz, como son los casos de Alejandra Castañeda Priego, que ordenó prisión preventiva contra Rogelio Franco y el caso de Verónica Portilla Suazo, que también ordenó prisión preventiva contra Gregorio Gómez Martínez, que buscaría la alcaldía de Tihuatlán.

Es frustrante para trabajadores del Poder Judicial, para abogados que acuden diariamente a trabajar en favor de sus clientes y hasta para los mismos justiciables que son perjudicados por gente sin experiencia y que ha sido favorecida tan sólo por formar parte de Morena y por lamer las suelas tanto del presidente López Obrador como del mismo gobernador Cuitláhuac García.

Estadía de terror

Tan mala fue la actuación de Sofía Martínez Huerta como la de Isabel Inés Romero Cruz. La primera, por su ignorancia, obedecía ciegamente las órdenes de Dionisio Gutiérrez. En cambio, Isabel Inés, avejentada y enferma, se somete a las órdenes de Gómez Cazarín, Hernández Reducindo y hasta de Joana Marlen Bautista. La hacen como quieren.

El detalle es que por culpa de ambas, el Poder Judicial no tiene credibilidad y las cosas se van a poner peor. Hay un desorden en la utilización de recursos, malas auditorías y al parecer no hay dinero, esperamos que el recurso provisto por los impuestos de los veracruzanos no termine en algunas cuentas en el extranjero.

Así las cosas en la peor etapa del Poder Judicial en Veracruz.