Fortín, Veracruz.– La regidora segunda del Ayuntamiento de Fortín, Laura Karina Lezama Miranda, presentó una denuncia por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), luego de señalar que durante el último mes ha sido objeto de ataques y publicaciones en redes sociales dirigidas a desacreditar su trabajo y realizar señalamientos sobre su persona.
La edil informó que el procedimiento fue admitido y que ya se llevó a cabo la audiencia correspondiente. El caso quedó registrado bajo el expediente CG/SE/PES/LKLM/059/2026, por lo que ahora se encuentra en la etapa de investigación.
“Efectivamente, este último mes he sido atacada; se han creado páginas prácticamente dedicadas a sacarme notas, a denostar mi trabajo, a hacer insinuaciones y afirmaciones que no son ciertas de mi persona”, expresó.
Lezama Miranda explicó que entre las publicaciones que considera agresivas se encuentran contenidos difundidos en páginas de Facebook, grupos y perfiles que utilizan seudónimos o la modalidad de participante anónimo.
Indicó que busca que las autoridades investiguen el origen de esas publicaciones y, en su caso, puedan identificar a quienes resulten responsables.
La regidora también señaló que las agresiones contra mujeres que participan en la vida pública representan una problemática que, desde su perspectiva, afecta a distintas servidoras públicas, entre ellas integrantes de ayuntamientos y autoridades estatales.
En ese contexto, hizo un llamado a las mujeres que desempeñan cargos públicos para que denuncien cualquier conducta que consideren constitutiva de violencia política de género y recurran a las instancias correspondientes.
“No nos tenemos que aguantar, la política no es así; tampoco tenemos por qué permitir que nos estén faltando al respeto ni físicamente ni mucho menos en redes sociales”, manifestó.
Finalmente, sostuvo que dará seguimiento al procedimiento ante el organismo electoral, mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones para determinar si existieron conductas constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón de género y las posibles responsabilidades.
