Ciudad de México, 30 de octubre de 2026. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclaración en los tres órdenes de gobierno, como resultado de 374 auditorías correspondientes a la Cuenta Pública 2025.
Durante la presentación de la Segunda Entrega de los Informes Individuales de Auditoría en el Recinto Legislativo de San Lázaro, el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, destacó que entre los principales hallazgos se encuentran 42 municipios cuyos recursos federales, por más de 5 mil 200 millones de pesos, no pudieron ser acreditados.
Ante esta situación, anunció la implementación de una plataforma obligatoria para garantizar la entrega de información financiera durante los procesos de cambio de administración municipal.
Observaciones en municipios y dependencias federales
En el ámbito federal, la ASF identificó observaciones por 2 mil 327 millones de pesos relacionadas con el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México.
También se detectaron posibles irregularidades en Nuevo León y Sinaloa, relacionadas con transferencias de recursos públicos a cuentas vinculadas con familiares de servidores públicos.
Investigación sobre contratos electorales
En el sector electoral, la ASF abrió una investigación de oficio sobre posibles redes de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
De acuerdo con los datos presentados, dos grupos empresariales acumularon contratos por 8 mil 870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026. La investigación contempla posibles esquemas de empresas fantasma, triangulación de recursos y simulación de competencia.
Estos señalamientos forman parte de las indagatorias y no constituyen, por sí mismos, una determinación definitiva de responsabilidades.
Revisión de proveedores y denuncias penales
A petición del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la ASF también investiga posibles irregularidades en la contratación de la plataforma utilizada para el examen de admisión. En este caso, realizó por primera vez el aseguramiento precautorio de servidores e información de la empresa involucrada.
El titular de la ASF señaló que la estrategia de fiscalización busca intervenir durante el desarrollo de las auditorías y no únicamente al concluirlas. Como parte de este enfoque, informó que en los primeros seis meses de la actual gestión se presentaron 40 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, tres de ellas durante las revisiones.
Las denuncias estarían relacionadas con posibles irregularidades como obras no ejecutadas, equipo médico inexistente y facturas apócrifas de seguridad social.
La ASF también reforzó la revisión de proveedores privados mediante acciones coordinadas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Antimonopolio. Además, emitió 60 promociones de comprobación fiscal ante el SAT y el IMSS.
Reintegros y retos de la fiscalización
Como resultado de acciones preventivas, diversas entidades federativas reintegraron mil 132 millones de pesos a la Tesorería, de los cuales 553 millones correspondieron al sector salud.
Los resultados ponen de relieve el reto de convertir las observaciones de auditoría en recuperación efectiva de recursos y sanciones cuando corresponda. Entre los desafíos se encuentran fortalecer las facultades sancionatorias de la ASF, agilizar el seguimiento judicial de las denuncias y mejorar los mecanismos para identificar y vigilar a proveedores y personas políticamente expuestas.
La fiscalización busca que los recursos públicos se ejerzan con transparencia y lleguen a la población, particularmente en servicios esenciales como salud y educación.
