Elimina Congreso la declaración deprocedencia para autoridades municipales

Xalapa, Ver., 25 de septiembre de 2026.- Las diputadas y los diputados de la LXVII
Legislatura del Estado aprobaron el dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y
Puntos Constitucionales que reformó el primer párrafo del Artículo 78 de la Constitución
Política del Estado de Veracruz y que suprime la declaración de procedencia como
requisito previo para proceder penalmente contra las personas titulares de las
presidencias municipales, de las presidencias de Concejos municipales y de las
sindicaturas.
El dictamen, que registró una votación de 38 a favor, 9 en contra y una abstención,
emitido por la instancia legislativa integrada por los diputados Carlos Marcelo Ruiz
Sánchez y Diego Castañeda Aburto y por la diputada Naomi Edith Gómez Santos,
presidente, secretario y vocal, respectivamente, es resultado de la iniciativa presentada el
pasado 17 de septiembre por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.
La Comisión coincide con la propuesta de suprimir la declaración de procedencia como
requisito previo para proceder penalmente contra las personas titulares de las
presidencias municipales, de las presidencias de concejos municipales y de las
sindicaturas. “Esta figura constituye una condición para proceder penalmente respecto de
determinados cargos, pero no implica una determinación sobre la existencia de un delito
ni sobre la responsabilidad de la persona señalada”, añade.
Precisa que con esta reforma, las autoridades competentes podrán ejercer sus
atribuciones sin requerir previamente una declaración del Congreso del Estado, evitando
que dicho requisito constituya un obstáculo para la investigación y persecución de los
delitos. La modificación se limita a los cargos expresamente señalados y mantiene sin
cambios el régimen de las demás personas servidoras públicas comprendidas en el
primer párrafo del artículo 78 constitucional.
La instancia legislativa detalla que los Artículos 110 y 111 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establecen regímenes de responsabilidad para
determinadas autoridades locales, entre ellas las personas titulares de los poderes
ejecutivos, las diputaciones y ciertos cargos judiciales, sin incluir a las autoridades
municipales dentro del procedimiento previsto en el artículo 111 por delitos del orden
común.
De igual forma, ejemplifica legislaciones locales en las que las presidencias municipales y
demás integrantes de los ayuntamientos no requieren una declaración previa del
Congreso para que las autoridades competentes puedan proceder penalmente en su
contra.
En Puebla, las autoridades municipales no se encuentran comprendidas en el catálogo de
servidores públicos sujetos a declaración de procedencia; en San Luis Potosí, la reforma
constitucional de 2017 eliminó ese procedimiento; y en Guanajuato y Querétaro la
responsabilidad penal de integrantes de los ayuntamientos se regula sin hacer depender
necesariamente el inicio del proceso penal de una autorización previa del Poder
Legislativo.
Posicionamientos
En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Alejandro Porras Marín subrayó
que quien ejerza el poder público no debe tener privilegios y que ante la ley nadie debe
recibir un trato de excepción solo por tener un cargo. Agregó que la modificación legal no
declara culpable a alguien en específico y que no se sustituye a la Fiscalía ni a juezas o
jueces; ejemplificó que a nivel nacional tres de cuatro entidades cuentan con normativas
en las cuales no se requiere una protección constitucional para munícipes e indicó que si
la investigación corresponde a las instituciones y el fincamiento de responsabilidades a
los Tribunales, el Congreso no debe mantener una autorización previa para que la justicia
pueda actuar.
El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, anunció su respaldo a la propuesta autoría de la
gobernadora Rocío Nahle García y consideró que la referida reforma es una medida
contra la impunidad, “porque el cargo municipal no debe convertirse en una protección
frente a la investigación penal, y así lo recoge el dictamen cuando precisa que su
propósito es evitar que ese requisito sea un obstáculo para investigar y perseguir los
delitos”.
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN), en voz de su coordinador, el diputado
Enrique Cambranis Torres, manifestó que la eliminación del fuero constitucional para
todos los servidores públicos la han propuesto siendo gobierno u oposición. Cuestionó
que la reforma solo aplique para autoridades municipales y recordó que la declaración de
procedencia es un mecanismo que bien puede perfeccionarse para hacerlo más
transparente y que opere con rigor.
La diputada María Elena Córdova Molina, del Partido Movimiento Ciudadano (MC), indicó
que el instituto político al cual pertenece tiene una postura firme, “quien cometa un delito,
que sea investigado; quien resulte responsable, que responda ante la justicia”. Puntualizó
que no defiende a alguien ni facilita la impunidad, pero argumentó que la reforma tiene un
problema de fondo, “no elimina el privilegio, decide quien lo conserva”.
Del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Ana Rosa Valdés Salazar
precisó que el fuero no es privilegio personal, sino una figura establecida para proteger la
función pública, pues no se concede a una persona por ser quien es, sino al cargo que
ocupa y mientras lo ocupa, “retirar esa inmunidad procesal para que presidentes
municipales y síndicos respondan por la comisión de delitos sin la intervención del
Congreso hace pensar que se pueden propiciar abusos de poder y aplicación de justicia
selectiva”.
La legisladora Montserrat Ortega Ruiz dijo que no defiende privilegios ni a delincuentes;
externó que en una democracia el poder necesita límites y que el poder absoluto requiere
límites absolutos. Agregó que si bien la ciudadanía exige investigar todos los delitos
perpetrados, la tarea de las y los legisladores es ocuparse de que las reformas sean
implementadas correctamente.
El diputado Héctor Yunes Landa adelantó su voto en contra del dictamen e informó que
ha hecho un llamado a los Cabildos a expresar su rechazo a la reforma constitucional que
el Congreso les hará llegar. “la inmunidad procesal no significa impunidad y no significa
que alguien sea intocable y que pueda cometer delitos, sin consecuencia; significa que
habrá un procedimiento previo”.
En el debate en lo general participaron las diputadas Ana Rosa Valdés Salazar, María
Elena Cordova Molina y Victoria Gutiérrez Pérez y el diputado Diego Castañeda Aburto.
En relación con las reservas, participaron las legisladoras Indira de Jesús Rosales San
Román y Luz Alicia Delfín Rodríguez.