ORFIS detecta irregularidades en gobierno de Juan Martínez y deja investigaciones a Contraloría

Efraín Hernández
Córdoba, Ver.- El Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) determinó un daño patrimonial por 541 mil 972.14 pesos en la Cuenta Pública 2025 del Ayuntamiento de Córdoba, correspondiente al último año de la administración de Juan Martínez Flores. Además, el organismo fiscalizador emitió 19 observaciones relacionadas con distintos aspectos de la gestión municipal, aunque estableció que deberán ser atendidas mediante los procedimientos correspondientes.
En materia de servidores públicos, el informe señala irregularidades en la designación de funcionarios municipales. El ORFIS determinó que la entonces tesorera municipal, Rosa María Velasco Ramírez, no acreditó contar con la antigüedad mínima de un año requerida por la Ley Orgánica del Municipio Libre al momento de asumir el cargo. Asimismo, el extitular del Órgano Interno de Control, Lauro Ramos Olmos, no presentó documentación que acreditara la experiencia profesional mínima de tres años en actividades afines. Ambas situaciones quedaron clasificadas como observaciones administrativas.
En el apartado financiero y de ingresos, el organismo detectó cheques expedidos y no cobrados al 31 de diciembre de 2025 que permanecían en el mismo estatus hasta el 31 de marzo de 2026 y que, además, carecían de soporte documental, situación que derivó en el señalamiento del daño patrimonial. También observó el manejo del Impuesto Sobre Espectáculos Públicos: aunque la contabilidad municipal registró ingresos por 405 mil 689.04 pesos, la Tesorería no presentó evidencia suficiente sobre la totalidad de los eventos realizados, boletaje expedido y cobrado, así como otros datos relacionados con las actividades comerciales desarrolladas durante esos espectáculos.
Respecto a la obra pública, el ORFIS documentó deficiencias en al menos cinco trabajos revisados. En las banquetas de la calle 9 encontró postes de energía eléctrica y telefonía que permanecían en el sitio, tapas de registros con esquinas fragmentadas, piezas de recinto deterioradas, fisuras y conexiones de cableado sin terminación a nivel de piso, además de rollos de cable colgando y un tramo de pavimento fracturado. Pese a estas observaciones, el informe las ubicó dentro de los señalamientos que no implicaron perjuicio a la Hacienda Pública y ordenó al Órgano Interno de Control continuar con las investigaciones y determinar las acciones procedentes.





