Sefiplan ahora liquidará deuda fiscal de municipios

Oficinas Sefiplan-01

Deuda ante SAT y Conagua de municipios será liquidada por Sefiplan. Gobernadora instruye pagar los pasivos y posteriormente recuperar dinero prestado.

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Jair García

Xalapa, Ver; 19 agosto 2026.- La gobernadora Rocío Nahle García instruyó a la Secretaría de Finanzas y Planeación, a respaldar a los 212 municipios en la medida de la disponibilidad de recursos, para sanear los adeudos con el Sistema de Administración Tributaria y la Comisión Nacional del Agua.

Para ello se autoriza a la Sefiplan, para que de manera extraordinaria y sujeto a la disponibilidad presupuestaria, aplique recursos públicos estatales para cubrir directamente, ante la autoridad federal acreedora y por cuenta y orden del municipio de que se trate y/o de sus organismos municipales, las obligaciones previamente identificadas y validadas, sin ministración de numerario al municipio, generándose a cargo de éste la obligación de reintegrar a la Hacienda Pública Estatal la porción recuperable que se determine conforme a los convenios que al efecto se celebren.

De esta forma, en base al Convenio de Coordinación Fiscal, el Gobierno de Veracruz saldará la deuda y posteriormente, en base a los contratos que se firmen, se recuperará el dinero en los plazos que se establezcan.

Se precisó, que ello no implica que los ayuntamientos adeuden al SAT o a Conagua, sino al Gobierno del Estado de Veracruz.

Apoyo

La gobernadora precisó que los mecanismos de apoyo financiero previstos en el presente Decreto tienen por objeto facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y administrativas preexistentes de los municipios mediante esquemas de coordinación y recuperación de recursos públicos, por lo que no constituyen operaciones de crédito público ni sustituyen las obligaciones originales a cargo de los ayuntamientos.

Destacó que la coordinación institucional y la regularización de adeudos históricos o corrientes ante la Federación y la Comisión Nacional del Agua generarán condiciones que favorezcan una administración financiera más ordenada, sostenible y apegada a los principios de responsabilidad hacendaria, asegurando una gestión eficiente en beneficio de la población del Estado.

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