PJEV invadido por ambiciosos

Contrapunto

Miguel Ángel Gómez Ruiz

No son pocos los que se quejan de lo mal que van las cosas en el Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV). No sólo por la incapacidad de la presidente, Isabel Inés Romero Cruz, sino porque ella no manda, sino un grupo de ambiciosos que fueron colocados estratégicamente por los brazos armados del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, me refiero al secretario de gobierno, Eric Cisneros y al diputado Juan Javier Gómez Cazarín.

En el caso de primero, a quienes algunos casi lo daban por muerto y que sería sustituido, ha desplegado su poder en la mayor parte de la entidad. Colocó a sus empleadas Carla Rodríguez, Verónica Hernández y Naldy Patricia Rodríguez en oficinas estratégicas: el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).

En cuanto a Juan Javier Gómez Cazarín, éste colocó primero a Humberto Hernández Reducindo, su alfil y oreja en el PJEV y no sólo ello, se le vincula sentimentalmente con Joana Marlen Bautista, la poderosa administradora de ese poder, es decir, la que maneja los recursos a discreción. Y encima, colocó a 19 magistrados, la mayor parte de ellos sin carrera judicial. Vaya, la experiencia de haber tenido a Sofía Martínez Huerta y a Isabel Inés Romero Cruz no fue grata, ambas han sido una nulidad.

Y es que, a últimas fechas, la destituida presidente de ese poder, Sofía Martínez, ha desplegado recursos económicos –de los que le quedan- para tratar de recomponer su imagen, pese a que los recursos que interpuso tras su destitución fueron desechados.

Alguien por allí dicen que se rebeló a esa intromisión de la que les platico en esta columna, sobre todo porque el objetivo principal eran los recursos del Poder Judicial, que son cercanos a los mil 400 millones de pesos. Se peleó con Eric Cisneros y éste, frustrado por no obligarla a renunciar tuvo que aliarse con su enemigo, Gómez Cazarín, para destituirla.

La realidad es que Martínez Huerta se equivocó de principio a fin. No tenía capacidad para estar al frente de ese poder. Le ganó la ambición. Si bien hay quien opina que ella no se dejó manipular por el gobierno, los diputados y Morena, se quiso blindar rodeándose de familiares y amigos y al final, su honestidad quedó en duda al no aclarar el destino de 80 millones de pesos.

Si ella se hubiera aliado con magistrados de mayor experiencia y hubiera pedido su apoyo, ella quizá seguiría allí. Nadie nace sabiendo y lo que ella requería era ayuda y nunca la pidió. Ahora paga las consecuencias de sus errores y su soberbia.

De Isabel Inés Romero Cruz no hay mucho qué decir. Ella no manda allí. Las decisiones las toman Carla Rodríguez y Humberto Hernández Reducindo y por supuesto, Joana Marlen Bautista, la novia de Juan Javier Gómez Cazarín.

Con su semblanza oculta por el mismo hecho de que no tiene los estudios correspondientes, la ignorancia de Isabel Inés Romero es evidente. Presume su relación con los altos mandos de Morena pero no ha hecho nada a favor del Poder Judicial. Ni siquiera para negociar con los sindicatos para ver si podían acortar el período vacacional. Los expedientes siguen sin resolverse y los trabajadores sí que la han pasado bien aún en medio de la pandemia. Y a los justiciables, que se los lleve el diablo.

El caso de Carla Rodríguez González es curioso. Tiene una relación con Eric Cisneros y ha adquirido tanto poder que está a poco de ser nombrada magistrada y el objetivo es tumbar a Isabel Inés Romero, para ocupar la presidencia.

Eso por lo menos, ha causado sorpresa en muchos abogados, pues no entienden que una persona sin experiencia sea la directora de la Escuela Judicial de Veracruz y hasta se ponga al frente de los cursos a jueces.

De ser cierto lo del tema de su íntima relación con Cisneros, sería la prueba de que la intromisión del gobierno y los diputados están allí para controlar todo.

Presumir una maestría y la asistencia a cursos no la hacen merecedora de un cargo tan importante. Imaginen a una magistrada impuesta por su pareja, pero que no tiene carrera judicial, sobre todo habiendo jueces que a través de los años han desplegado sus conocimientos y conocen a fondo el sistema.

Hay mucho qué revisar al interior del Poder Judicial. Saber en qué se han invertido los recursos. Saber qué ocurrió con el Fondo Auxiliar. Qué se ha comprado para la mejora de las ciudades judiciales. Si hay licitaciones o adjudicaciones directas. También, saber por qué Isabel Inés Romero Cruz ha designado a personas como jueces sin tener la experiencia necesaria. Son muchas cosas, pero todo indica que la corrupción aumentó y no hay mejoras.

Urge una auditoría profunda en el PJEV, pues no es posible que apenas corra el mes de marzo y se diga que no hay recursos. Ahora, tienen que tomar en cuenta que casi se vence el plazo para que se reinstale al magistrado Roberto Dorantes Romero y se le tendrá que pagar todo lo que se debe. Lo mismo ocurrirá con Marco Antonio Lezama Moo.

Y no es por molestar, pero el PJEV se hubiera ahorrado todos esos problemas si en diciembre de 2019 se hubiera elegido a la persona correcta, en este caso a Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, con gran experiencia, que conoce a fondo el Poder Judicial, que ha destacado por su honradez que ha estudiado más que Sofía Martínez, Isabel Inés Romero Cruz, Joana Marlen y Carla Rodríguez, juntas.

Es más, ninguna de las cuatro, en sus vidas, tendrían la capacidad para obtener el mayor logro que jamás obtuvo ninguna otra jurista, el premio al Mérito Judicial en 2011. Esa sí es una distinción.

Y encima, dos maestrías, un doctorado, una vasta experiencia en 16 juzgados, ocho civiles y ocho penales. Una capacitación constante y sobre todo, prestigio y dignidad. Personas como Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros se requieren allí dentro, no bachichas.