Alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván comparecerán por proceso de desafuero el 28 de julio: Esteban Bautista
Xalapa, Ver; 24 de julio 2026.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Esteban Bautista Hernández, aseguró que no existe persecución política en los procesos de desafuero iniciados contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, ambos emanados de Movimiento Ciudadano.
En conferencia de prensa, el legislador informó que los presidentes municipales Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, fueron citados para comparecer el próximo martes 28 de julio ante el Congreso local, como parte de su derecho de audiencia dentro del procedimiento de juicio de procedencia.
Bautista Hernández explicó que la función del Poder Legislativo se limita a analizar la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE), sin que ello implique una orden de detención.
“Nosotros no libramos orden de aprehensión; lo único que hacemos es quitarles el fuero para que ellos, en completa libertad, puedan comparecer ante la Fiscalía”, expresó.
El diputado rechazó que exista un trasfondo político en estos casos y sostuvo que el procedimiento se desarrolla conforme a la ley.
“No hay persecución política; eso solamente existe en el lenguaje de algunas personas. En estos tiempos no se puede hablar de persecución política, porque ahora existe la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, afirmó.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó al Congreso el juicio de procedencia contra ambos alcaldes. En el caso de Raúl González Martínez, la petición está relacionada con su probable participación en las investigaciones por el caso de la periodista Roxana Guzmán. En tanto, Bertín Bravo Montero enfrenta un proceso derivado de una investigación por la desaparición de un empresario.
Será tras la comparecencia de ambos ediles cuando el Congreso del Estado continúe con el análisis de las solicitudes presentadas por la FGE para determinar si procede o no el retiro del fuero constitucional.
