Alcaldes investigados tienen hasta el 28 de julio para presentar su defensa en proceso de desafuero
Xalapa, Ver; 23 julio 2026.– Los alcaldes Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, tendrán hasta el próximo 28 de julio para presentar pruebas y ejercer su derecho de defensa dentro del procedimiento de declaración de procedencia que se sigue en el Congreso del Estado.
El diputado local Paul Martínez Marie explicó que la Comisión Permanente Instructora no determina la culpabilidad de los servidores públicos, sino que únicamente analiza si existen elementos suficientes para retirarles el fuero constitucional y permitir que las autoridades competentes continúen con las investigaciones.
“Solo revisa si hay elementos suficientes para que sea sometido a un proceso de investigación y retirar el fuero, pero ellos no son juzgadores”, puntualizó.
El legislador señaló que, una vez notificados, los servidores públicos cuentan con un plazo de siete días para comparecer personalmente o presentar por escrito las pruebas y argumentos que consideren pertinentes.
De acuerdo con la calendarización del procedimiento, el plazo para ambas solicitudes concluiría el 28 de julio, como lo ha informado la presidenta del Congreso del Estado. No obstante, el cómputo oficial depende de las notificaciones realizadas por la Secretaría General del Poder Legislativo.
Posteriormente, la Comisión Permanente Instructora llevará a cabo las diligencias correspondientes, celebrará la audiencia de pruebas y alegatos y elaborará un dictamen que será turnado al Pleno del Congreso.
Será el Pleno del Congreso, constituido como Jurado de Procedencia, el que determine si procede o no el retiro del fuero constitucional, decisión que requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados presentes.
Paul Martínez Marie reiteró que la declaración de procedencia no representa una sentencia ni determina la responsabilidad penal de los funcionarios, sino que únicamente retira la protección constitucional para que puedan ser investigados y, en su caso, procesados conforme a la ley.
Las solicitudes de declaración de procedencia corresponden a Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, investigado en una carpeta relacionada con el caso de la periodista Roxana Guzmán, y a Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, quien enfrenta una investigación vinculada con la desaparición de un empresario y su escolta.
